Fredy González
Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia
Todos los colonienses convivimos con uno de los más sádicos centros de tortura del interior del país: el Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia, con frente a la avenida Baltasar Brum. Cientos de uruguayos fueron flagelados en ese establecimiento militar, antes y durante la dictadura, algunos hasta la muerte. Porque en el cuartel de Colonia también se asesinó, y de una vez por todas debe salir a luz esta historia de horror, incluyendo los nombres de algunos de los torturadores que todavía conviven con nosotros.
Por Decreto del Ministerio de Defensa Nacional, Orden Nº 450 de la Inspección General del Ejército, con fecha 22 de abril de 1939, nace el Batallón de Infantería Nº 4 de la ciudad de Colonia, hasta ese entonces denominado Batallón de Infantería Nº 11, unidad creada en 1842, durante la Guerra Grande. Su origen, obviamente, no estuvo determinado para la ocupación y represión internas, ni para combatir contra sus propios compatriotas que luchaban por la gestación de una patria más digna y equitativa para todos. Eso vino después.
Experiencias anteriores de dictaduras militaristas fueron animando la creación de una fuerza inhumana, sádica, terrorista y antidemocrática, que fundamentaba sus acciones en una mentirosa defensa de esa misma democracia por ella violada. De esa violación nacieron estos hijos, con fecha de parto
27 de junio de 1973, aunque el feto de la traición ya venía desarrollándose desde mucho antes, en el vientre de la mal llamada seguridad nacional, amenazada por ellos mismos.
Así, la milicia oriental (aunque con visa extranjera) fue convirtiéndose en una sub raza de mano de obra barata y descalificada que atentó contra las mejores ideas de soberanía nacional y contra quienes las sustentaban. Los militares uruguayos (de ideas foráneas) se fueron apartando de sus congéneres, por manija de sobreestimación discriminatoria con matices fascistas, según el grado; con convicción en los altos mandos, con ignorancia de buena parte del personal de tropa, y también con la renuncia de militares realmente demócratas, que luego fueron castigados por serlo, a manos de sus propios ex pares.
Todas las marchas y contramarchas en las investigaciones sobre violación a los derechos humanos, que aparenta estar llevando a cabo el neo gobierno progresista, nos llevan a suponer que existen otros acuerdos más profundos y comprometidos que los que se dan conocer, que provienen desde el mismo Pacto del Club Naval y que podrían estar abonando el terreno de una posible ley de punto final, como la que existió en Argentina, y fue recientemente abolida.
La impunidad con que se manejan hoy los militares -que, a fuerza de paradoja, estarían aportando pruebas contra ellos mismos...¿?-, incluso a través de veladas amenazas y de confesiones (inconfesadas antes) de haber participado en acciones represivas en el marco del Plan Cóndor, por parte de efectivos todavía en actividad, nos hacen suponer (con muy escaso margen de error) que todas las fuerzas represivas del país continúan intactas y preparadas para actuar contra quien sea, llegado el momento, aunque desde el gobierno se insista con que hoy no están dadas las condiciones para ello.
Los militares jamás se manejan con propias estimaciones coyunturales, porque no están adiestrados para un análisis de situación, sino para responder a las órdenes del poder real, el que está incluso por encima de quienes
-coyunturalmente- ostentan hoy la administración del Estado, que no así las megadecisiones.
Y para intentar crear un país nuevo y limpio de todo pasado dependiente no basta -en este caso puntual- con depurar las fuerzas armadas -como se ha venido diciendo, aunque no se ha hecho- sino que es preciso y urgente el desmantelamiento absoluto de todas las fuerzas represivas, brazo armado del poder real extranacional.
Por eso no alcanza con respetar el cumplimiento del artículo 4º de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del estado (ley de impunidad), ni de simplemente identificar algunos de los crímenes cometidos durante la llamada guerra sucia, o con hallar el sitio donde yacen los cuerpos de algunas de las víctimas de esas coordinadas operaciones de inteligencia. Lo que exigimos ante quienes nos "marketinean" la consigna de un nuevo país es que todos los responsables de esos delitos vayan a la cárcel por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra un pueblo entero, que no prescriben por más tiempo que pase.
El gobierno encabezado por el presidente Tabaré Vázquez nos ha pedido -muy reiteradamente- que colaboremos hacia la construcción de ese nuevo país. Lo menos que nosotros exigimos -por tanto- es que no se haga oídos sordos a nuestra voz.
La nota que estamos prologando es, entonces, un aporte para conocimiento de los gobernantes y para la conciencia cívica de todos los uruguayos, con especial atención a los habitantes de Colonia. Si -por ejemplo- en Argentina logró desmantelarse la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros de tortura y muerte de aquel país, ¿con qué parte de nuestra jaqueada dignidad debemos aceptar que el Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia -uno de los mayores centros de tortura del interior del país- se mantenga todavía en pie, para dolor y vergüenza de todos quienes habitamos este pedazo de tierra uruguaya?
Lo que sigue son algunos testimonios reales, de gente real, que padeció ese infierno en el cuartel de Colonia; gente que se niega a olvidar.
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